El diputado socialista Miguel Barrios presentó una iniciativa por la cual se despenaliza la tenencia de estupefacientes para consumo personal. La medida se sostiene en dos ejes: por un lado el respeto a la privacidad, y por el otro concentrar la acción represiva en los narcotraficantes y no en los usuarios de drogas.
El proyecto fue presentado el 4 de noviembre de 2010, y lleva el número de expediente D-7990-2010. Fue acompañado por todo el bloque del Partido Socialista. La iniciativa apunta a no castigar a los adictos, para que la Justicia se pueda concentrar en los narcotraficantes. Para ello se incorporan párrafos en la Ley 23.737, en los que se establece que en las penas vigentes en cada caso previsto, los hechos no serán punibles cuando surja inequívocamente que están destinados al consumo personal.
Entre los fundamentos, se cita el fallo de agosto del 2009 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 14º, segundo párrafo, de la Ley 23.737, y exhortó a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país.
Este fallo insiste en la necesidad de abordar en el Congreso de la Nación la modificación de la normativa vigente en nuestro país en relación a la tenencia, suministro y tráfico de estupefacientes, de modo de sancionar un instrumento eficaz para operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad vinculadas al comercio de estupefacientes, respetuosa a la vez del libre ejercicio y goce de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional.
El proyecto del Partido Socialista mantiene la posición que sustentara el entonces diputado Guillermo Estévez Boero el 29 de marzo de 1989, y ratificada años después en el Expediente 0884-D-05 presentado por el bloque socialista en el año 2005.
Por un lado, el proyecto desarrolla en sus fundamentos la decisión de la Corte de que la penalización de la tenencia para consumo conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional, en la medida en que invade la esfera de la libertad personal. Esa es la razón por la cual se declara la inconstitucionalidad de esa disposición legal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros.
Por otro lado, se expresa la magnitud del problema de la droga en Argentina y la necesidad de un cambio de paradigma sobre cómo afrontarlo. Y en ese aspecto se muestra cómo se han concentrado los esfuerzos represivos del Estado sobre la población de usuarios de drogas ilegales, produciendo daños sociales múltiples y masivos. La guerra se ha librado contra los consumidores, dejando incólume el negocio que se ha convertido en un factor estructural.
Por esas razones, la iniciativa Socialista propone reformular la normativa para establecer un marco jurídico acorde a los compromisos asumidos por nuestro país a nivel internacional, a fin de, por un lado, combatir el narcotráfico, pero por el otro, adoptar también una política de salud preventiva, de educación e información disuasivas del consumo, respetuosas de la libertad personal excluida de la autoridad de los órganos del Estado.
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