“A través de los medios de comunicación de masas las instituciones dominantes de la economía capitalista subordinan el arte, la ciencia y el conocimiento. A través de estos medios, se tiende a definir la naturaleza cambiante de los hombres y a captar la dirección de los asuntos mundiales. Se reviven viejas aspiraciones y se dan forma a otras nuevas. Se crean modelos de carácter y estilos de sentimientos, matices de ánimo y vocabularios emotivos. Se revelan o se oscurecen las consecuencias de las decisiones de quienes mandan. Se convierte al poder en autoridad o se rebaja la autoridad a simple coacción. Se llena el tiempo libre de los hombres con tonterías. Se cambia la naturaleza de las guerras. Se divierte y se convence, se asusta y se asegura, se hace llorar a los hombres y se los hace reír, se los idiotiza y se los revive. Se explica lo que va a ocurrir y se explica lo que ha ocurrido”.
“En un país empobrecido, los grandes diarios son órganos de dominio colonialista. El periodismo es quizás la más eficaz de las armas modernas que las naciones eventualmente poderosas han utilizado para dominar pacíficamente hasta la intimidad del cuerpo nacional y sofocar casi en germen los balbuceos de todo conato de oposición. Su acción es casi in denunciable porque fundamentalmente opera, no a través de sus opiniones sino mediante el diestro empleo de la información que por su misma índole no puede proporcionar una visión integral y sólo transfiere aquella parte de la realidad que conviene a los intereses que representa”. Raúl Scalabrini Ortiz
El solo hecho de que el principal opositor a la propuesta del ejecutivo nacional sobre medios audiovisuales sea el grupo Clarín, comúnmente asociado a la prensa gráfica, y también De Narvaez y su socio Manzano; indica a las claras el fenomenal grado de concentración y diversificación oligopólica que, en lamentable consonancia con todas las ramas de producción material y simbólica de la Argentina, ha sufrido la estructura multimediática a partir de 1976. Estos grupos son un claro ejemplo. Poseen grandes intereses en distintos diarios nacionales y provinciales, editoriales, radios am y fm en todo el país, revistas, televisoras abiertas provinciales y nacionales, televisación por cable y satelital, señales de cable, productoras deportivas, cinematográficas y de contenidos para televisación abierta y por cable, sitios de internet, y el control de Papel Prensa, insumo decisivo para toda la prensa gráfica nacional, entre otros. Acá debemos hacer un paréntesis y recurrir a la historia. La privatización de Papel Prensa por parte de la dictadura de Videla puso en manos de Clarín, La Nación y La Razón una porción significativa de la empresa, en la que estaban asociados al Estado y desde donde controlaban la distribución de papel. Así logra Clarín el control de Papel Prensa. En 1983 consumía 20 millones de Kw. por mes (lo que consumen en ese lapso 250 mil casas de familia). Pero pagaba poco más de la mitad de lo que hubiera pagado cualquier industrial por ese consumo. Este mecanismo determinó que entre 1981 y 1989 Agua y Energía dejara de percibir 55 millones de dólares permitiendo que Clarín consolidara su monopolio con el dinero público y contribuyera a generar ese déficit de las empresas estatales que más tarde se invocaría para legitimar su privatización. El romance entre estos grupos y los Gobiernos Justicialistas vienen desde la época de nuestro recordado Menem, pero la desenfadada ofensiva agroexportadora transformo las rosas en espinas. Luego de ceder en sucesivas ocasiones a los intereses del grupo, el oficialismo sintió en carne viva la ingratitud del establishment local, dispuesto a aplaudir cuando se defienden sus intereses pero implacable frente a cualquier despropósito “populista”. Es que en los límites del progresismo pequeño burgués que lo anima, los avatares entre el kirchnerismo y el bloque dominante tensan la relación entre poder y gobierno a límites que obligan a este último a orientarse hacia medidas democratizadoras elementales. La política de “desendeudamiento” lo empuja a terminar con el régimen de saqueo de las AFJP, la escalada de los precios internacionales de las oleaginosas lo ilusiona con ampliar su margen en el festival de la sojización, una descarnada coyuntura de ofensiva mediática lo predispone a cuestionar los fundamentos jurídicos que regulan a los medios de comunicación. Las limitaciones del proyecto presentado por el ejecutivo se inscriben en este cuadro. Se cierra el mercado mediático a los prestadores de servicios públicos pero se excluye explícitamente a las telefónicas, núcleo del capital extranjerizado con obvias ventajas comparativas para reoligopolizarlo. Se prohíbe la asociación de empresas locales con corporaciones extranjeras, pero se exceptúa de esa cláusula a los capitales foráneos comprendidos en los acuerdos de reciprocidad firmados en gran cantidad por el Gobierno Justicialista de Menem. Se sostiene la necesidad de garantizar la representatividad y diversidad de los contenidos, pero inexplicablemente, se excluye del proyecto a los medios gráficos. No hay lugar, sin embargo, para las objeciones histéricas de ADEPA o los cacareos cipayos de la oposición en pos de la “libertad de prensa”. Hipócritas paladines de una “pluralidad” de medios que por una innumerable variedad de canales amplifica a la misma voz: la de los grupos más concentrados de la economía nacional y global. En este último sentido parecen orientarse también las exigencias de posponer el debate parlamentario hasta diciembre para respetar la “voluntad popular” emergida a partir de las últimas elecciones. Es obvio que la futura composición de las cámaras legislativas no permitirá orientar a la nueva ley de acuerdo a los intereses populares, sino que tenderá a agudizar sus aristas más conservadoras. Es que en definitiva, tras las razones subjetivas que encaminan una política errática orientada por los más mezquinos intereses, la posibilidad de modificar la ley de medios heredada por la dictadura abre un auspicioso escenario para una amplia diversidad de organizaciones populares reducidas, desde hace décadas, a una persistente represión, además de material, simbólica. Más allá de las formalidades y las obvias limitaciones que tendrá la nueva ley, los resultados concretos de su aplicación dependerán de las estrategias que los sectores populares ensayen en cada rincón del país para capitalizar un marco jurídico que, en cualquiera de sus variantes potenciales, superará con creces al impuesto por la contrarrevolución emergente a partir de marzo de 1976.
UN FUTURO PROMISORIO, UN PRESENTE CON MUCHO COMPROMISO CON LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y LA CALIDAD DEMOCRATICA
CONSTRUYENDO LA ALTERNATIVA PARA UN PAÍS CON JUSTICIA E IGUALDAD.
El socialismo continúa atravesando un momento caracterizado por un entorno político y social favorable para el crecimiento de su fuerza política.
Como lo venimos construyendo con nuestro trabajo en distintos ámbitos, y coronando con el conjunto de decisiones partidarias adoptadas por nuestra organización desde el Primer Congreso Nacional Ordinario del 25 de junio de 2005, el Partido Socialista, a través de una oposición responsable, propositiva y coherente continúa aportando a la edificación y consolidación de un frente progresista en la Argentina.
En ese camino, en las últimas elecciones nacionales continuamos trabajando en el marco de frentes electorales junto a organizaciones políticas y sociales que expresan en sus programas y propuestas alternativas de cambio respecto al proyecto oficialista y las alianzas de la derecha.
El Partido Socialista es el partido de los hombres y mujeres que a lo largo y ancho del país sueñan con una sociedad más democrática, justa y libre. Es una organización política que debe estar al servicio de los intereses ciudadanos, debe ser una organización abierta, transparente, movilizadora y cada vez más permeable a las aspiraciones ciudadanas.
Una organización para los militantes y simpatizantes y para todos los ciudadanos que creen y trabajan por un país distinto.
Y a la vez de continuar en el camino de construcción de ese gran Partido Socialista que todas y todos anhelamos, seguiremos aportando a la construcción, “de abajo hacia arriba”, de un sólido frente progresista de carácter programático en la Argentina que integre a aquellas organizaciones políticas y sociales del espacio de centro-izquierda que expresan propuestas alternativas al proyecto hegemónico del oficialismo, que nos permita desarrollar integralmente al país y profundizar la democracia en todos sus frentes.
El Partido Socialista debe tener, como objetivo fundamental, convertirse en el canal de expresión y cauce de las ideas progresistas en la República Argentina. Y en ese camino es imprescindible fomentar la articulación y el diálogo con todos los sectores políticos y sociales que comparten nuestra visión de país que nos permita confluir en un espacio programático de coincidencias progresistas.
El futuro será posible si lo imaginamos ya desde el presente. Las pasadas elecciones expresaron con contundencia una voluntad inapelable de cambio que permitiera abrir una etapa de diálogo y consensos para abordar las cuestiones que todavía están pendientes en la República Argentina. En este marco, tenemos la necesidad perentoria de ofrecer al país una alternativa.
Queda un gran espacio de trabajo, construcción y posicionamiento del socialismo con un mensaje propositivo acerca del camino que permita abordar la agenda pendiente en materia económica y social en la República Argentina : una verdadera distribución del ingreso y la mejora de la calidad democrática.
Este tiempo histórico nos deja indudablemente una gran responsabilidad hacia adelante que nos da una perspectiva muy positiva de crecimiento e inserción en todo el país, y el compromiso de continuar trabajando para mejorar la calidad de vida de los argentinos, y las instituciones democráticas.
Sabemos que pese a la rica historia que tenemos detrás y que nos enorgullece, y el gran presente que nos toca atravesar, es mucho más importante lo que tenemos por delante. Los socialistas miramos el futuro con optimismo, y tenemos razones para ello, ya que creemos en la ciudadanía y la capacidad transformadora de la democracia.
En otras palabras, nos queda un futuro promisorio y un presente de mucho compromiso.
La necesidad de definición de una nueva política.
El gobierno nacional ha tomado medidas aisladas que, en su conjunto, carecieron de efectividad para enfrentar los efectos de la profunda crisis que golpea a la República Argentina. Y esto es en gran medida fruto de las limitaciones que el mismo gobierno ha ido generando en los últimos años. Ante la reversión del ciclo económico, es el momento de aplicar una política anticíclica, expansiva, que garantice el nivel de actividad, empleo e ingreso de la población. Sin embargo, el sostenimiento de un sistema tributario regresivo y fuertemente centralizado, que se apoya centralmente en impuestos al consumo, lo limitan en dicha posibilidad.
Este sistema tributario fue profundizado a lo largo del ciclo expansivo de la economía, lo que le permitió al gobierno nacional obtener cuantiosos superávits fiscales, a costa centralmente de las finanzas provinciales y municipales que fueron deteriorándose mientras se resignaban recursos a favor de la Nación. Estos superávits no fueron derivados a los fondos anticíclicos establecidos y que prolijamente fueron suspendidos año a año en las respectivas leyes de presupuesto; sino que fueron destinados a la cancelación de deuda pública y /o alimentando fondos fiduciarios o especiales de administración más discrecional. Hoy el gobierno debe recurrir a medidas extraordinarias para hacerse de fondos fiscales (apropiación de fondos de las jubilaciones, disponibilidad de reservas del banco central, moratoria impositiva, blanqueo de capitales, etc.), cuando podía haber contado con un fondo anticíclico suficiente para efectuar política activa, sin resentir otras funciones estatales.
Por su parte, la centralización fiscal llevó a un ahogo financiero a todas las jurisdicciones provinciales y municipales del país. Esta situación lleva a que estas jurisdicciones deban recurrir a aumentos tributarios y restricciones de gastos para poder superarlas. La peor receta ante el panorama de estancamiento de la actividad que ya sufrimos. Así, mientras el Gobierno Nacional realiza algún vago y contradictorio intento de política expansiva, las provincias y municipios aumentan impuestos y restringen obra pública, afectando así la actividad económica. La falta de coordinación entre nación y provincias hace que la política fiscal en su conjunto (que es lo que en definitiva afecta a la población y a los actores productivos) sea caótica con impulsos expansivos y contractivos simultáneamente.
Por lo expuesto es necesaria la adopción de una política integral con un fuerte contenido anticíclico con medidas de emergencia pero que también avancen sobre reformas estructurales que aporten la solución a largo plazo.
Resulta en tal sentido indispensable adoptar un conjunto de medidas para la superación de la crisis y evitar que el costo de la misma sea afrontado otra vez más por los sectores más vulnerables.:
A) Garantía del empleo y distribución del ingreso de los sectores de asalariados y de menores recursos:
Prohibición por un período de seis meses (prorrogables) de despidos de trabajadores en relación de dependencia
Establecimiento de un programa universal de ingreso mínimo garantizado, que rompa con los mecanismos clientelares de las políticas focalizadas, y garantice un nivel de ingreso adecuado para los sectores más desprotegidos que se encuentran fuera del mercado formal de trabajo.
Aumento inmediato a los jubilados y pensionados, superando la situación actual en la que el 75% de los jubilados y pensionados cobra el haber mínimo.
Recomposición de las asignaciones de los distintos planes sociales.
B)Sistema Financiero
Garantizar una línea de créditos a tasas accesibles y subsidiadas para la micro, pequeñas y medianas empresas
Adecuación de las exigencias del Banco Central para no impedir el acceso al financiamiento a este tipo de empresas
Fortalecimiento del rol social de la Banca pública a través del dictado de una norma particular para este tipo de bancos
Impulso al desarrollo de la Banca Cooperativa en el interior del país como mecanismo idóneo para que los excedentes de fondos se movilicen en la propia región y sean administrados por los generadores y los usuarios en forma cooperativa.
C)Política Fiscal
Exención del IVA y demás impuestos internos nacionales y provinciales que gravan los productos de la canasta familiar y garantizar que dicha disminución tenga su correlato directo en la caída de los precios de estos productos de forma de mejorar el poder adquisitivo de los ingresos de la población de menores recursos
Gravar con el Impuesto a las Ganancias a la Renta Financiera en todas sus expresiones.
Formulación de un Acuerdo Fiscal por el cual las provincias recuperen su participación en la masa coparticipable en más de un 10% a la actualmente vigente, de forma tal que se puedan librar de la discrecionalidad del poder central y aplicar también políticas fiscales acordes para superar la crisis. Esta recuperación se puede lograr con el reintegro del 15% que actualmente se deriva al Anses, de la coparticipación completa del impuesto a los créditos y débitos bancarios y de la redefinición del destino actualmente vigente del impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado.
Seguimos planteando asimismo la necesidad de avanzar en el mejoramiento de la calidad institucional de nuestra democracia, recuperando para ello el rol del Estado al servicio de la sociedad, un Estado democrático, representativo y participativo. Asumiendo que la única gobernabilidad posible en nuestra democracia es la que se asienta en el consenso y la participación de los ciudadanos, proponemos las siguientes políticas:
A)una reforma quepermita el mejoramiento de la calidad institucional ypromueva una mayor participación social:
·Establecimiento de un Consejo Económico y Social que, con la participación de todos los sectores representativos de la realidad social y los partidos políticos nacionales con representación parlamentaria, se erija como mecanismo institucionalizado de diálogo y concertación social a fin de debatir colectivamente el proyecto de país.
·Implementación de presupuestos participativos;
·Reforzamiento y profundización de la autonomía municipal;
Modificación de la ley que reglamentó la facultad de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia, a fin de garantizar un adecuado control parlamentario de los mismos;
Eliminación de los superpoderes y demás legislación delegada, que permita jerarquizar el rol del Congreso Nacional,
Modificación de la ley del Consejo de la Magistratura , a fin de garantizar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial.
Nuevo marco legal que garantice la independencia y autarquía del INDEC.
B) una profunda e impostergable reforma política que incluya:
·Boleta única para la elección de presidente y vice, y legisladores nacionales
·Democracia Paritaria.
·Establecimiento de un sistema de internas abiertas y simultáneas para la selección de candidatos, y derogación definitiva de los sistemas electorales distorsivos de la voluntad popular que aun subsisten en muchas provincias (ley de lemas, listas espejo, colectoras, etc).
·Nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, que restrinja el aporte de personas jurídicas (empresas privadas) a las campañas electorales, fortaleciendo el componente de financiamiento público.
El diputado Ricardo Cuccovillo, en representación del bloque del Partido Socialista, manifestó su enérgico repudio a la brutal represión sufrida por los trabajadores de la empresa Kraft-Terrabusi, y señaló que “la represión nunca es la solución para resolver ningún conflicto”, destacando que “el próximo lunes presentaremos un pedido de informes en el Congreso exigiendo que el gobierno nacional, cuyo desinterés para solucionar el conflicto ha sido inadmisible, brinde explicaciones”.
El diputado socialista afirmó que “hoy, donde la desocupación hace estragos, es necesario más que nunca el diálogo y el consenso para preservar las fuentes de trabajo”. Cuccovillo, quien además es Secretario Adjunto del PS de la provincia de Buenos Aires, reclamó “la reincorporación de los 167 despedidos, y el reconocimiento de la comisión interna, legítimamente elegida por los trabajadores”.
Por ultimo, se comprometió a realizar “desde el bloque Socialista junto a otras fuerzas, en el Congreso de la Nación , todos los esfuerzos necesarios para preservar las fuentes de trabajo”.
El Partido Socialista repudia la brutal represión ocurrida en la Empresa Kraft-Terrabusi, que dejó como saldo varios compañeros y compañeras heridos y hospitalizados, detenidos por las fuerzas policiales en base a la orden del Juzgado de Garantías nº 1 de San Isidro.
El Socialismo señala que "este accionar policial, ordenado por el Gobierno Provincial, y con el apoyo del Gobierno Nacional, supone la violación flagrante de Derechos Humanos, hecho inadmisible e intolerable en el marco de la actual institucionalidad de la Republica Argentina".
"Es por ello que expresamos nuestra preocupación para que estas violaciones a los Derechos Humanos no se conviertan en la avanzada de una espiral de violencia que tenga como objetivo el acallar la demanda de quienes legítimamente reclaman por los puestos de trabajo que este modelo les arrebata".
Por ello, el PS exige "la reincorporación inmediata de los trabajadores y trabajadoras despedidas y el cese de todo tipo de represión policial. Nos preocupa que la intervención policial sea el único mecanismo utilizado por el estado para intervenir cuando se producen conflictos laborales por despidos de trabajadores, y que los Ministerios de Trabajo Nacional y Provincial no intervengan para mediar en dichos conflictos y encausarlos dentro de las negociaciones laborales establecidas por ley".
"Después de 25 años de democracia en nuestro país, es lamentable que la democracia y libertad sindical no se haya instaurado en los ámbitos laborales privados y que las negociaciones laborales se realicen entre los empresarios y las organizaciones sindicales nacionales y se marginen en forma sistemática a las comisiones internas libremente elegidas por los trabajadores".
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2009
Rubén Giustiniani Presidente Carlos Roberto Secretario General Estela Molero Secretaria de Derechos Humanos
Encabezadas por Carlos Nivio como Secretario General y Ricardo Cuccovillo como Secretario Adjunto, asumieron las nuevas autoridades del Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires, luego de las elecciones realizadas el pasado domingo.
De acuerdo al cronograma dispuesto por el interventor Carlos Maniero, y con aval de la Justicia Electoral, asumieron hoy las nuevas autoridades del Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires. El acto se desarrolló en la sede del PS nacional, en el barrio de Congreso. Estuvo presente además el Secretario general del PS nacional, Carlos Roberto.
El interventor Carlos Maniero señaló que “cumplimos en tiempo y forma, ratificado cada paso por la Justicia Electoral, con lo dispuesto por el Congreso Nacional del Partido Socialista realizado el 28 de septiembre de 2008 en Santa Rosa, La Pampa, donde se me facultó a que en el término máximo de un año se normalice la situación del Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires”.
Al presentarse una sola lista a la conducción provincial (encabezada por Carlos Nivio como Secretario General de la Federación y Ricardo Cuccovillo como Secretario Adjunto), solo se llevaron adelante, el pasado domingo, los comicios en aquellos distritos donde había dos o más listas a conducir las seccionales o Centros Socialistas locales.
Carlos Nivio –diputado de la provincia de Buenos Aires- señaló que “es el momento de redoblar esfuerzos para hacer del Partido Socialista bonaerense ese Socialismo grande con el que siempre soñamos”, mientras que Ricardo Cuccovillo –diputado de la Nación-, reconoció “el esfuerzo de todos los compañeros de la provincia de Buenos Aires que se sumaron a esta propuesta que tiene como objetivo volver a hacer del PS bonaerense un espacio amplio, democrático, participativo y plural para contribuir, desde aquí, a un Socialismo cada vez más grande”.
Proyecto de Ley de Medios Audiovisuales. Posición del socialismo.
RECHAZA EL PS LA INICIATIVA DEL GOBIERNO
El Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por el senador Rubén Giustiniani, decidió hoy rechazar el proyecto de Ley de Medios Audiovisuales que impulsa el PEN, calificó de “inaceptables” algunos puntos de la iniciativa y anticipó que impulsará su propio dictamen.
Los principales referentes del PS a nivel nacional firmaron un documento donde defienden “la necesidad de sustituir la actual ley” y avanzar en un “proceso de democratización de los medios en la República Argentina tendiente a desconcentrar la propiedad, descentralizar la producción de contenidos y fomentar el uso plural del espectro”.
El socialismo calificó de “inaceptables” los aspectos del proyecto oficialista: cuestionó el órgano de aplicación y el acceso de las telefónicas a los medios audiovisuales.
Los dirigentes socialistas decidieron que sus legisladores firmen un dictamen basado en una propuesta propia de Ley de Medios Audiovisuales, que se basa en los siguientes principios:
1. Establecimiento de una autoridad de aplicación con representación federal y amplia participación social, independiente del Poder Ejecutivo Nacional 2. Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. 3. Limitación expresa para que las empresas comerciales de servicios públicos y concesionarios del Estado ingresen a la radiodifusión. 4. La regulación de la pauta oficial de publicidad. 5. Participación del Congreso Nacional en la determinación de la norma digital. 6. La designación por concurso de un Defensor del Público.
Por su parte el titular del partido Rubén Giustiniani, sostuvo que “una ley de esta envergadura no puede tratarse en tiempo récord, como se ha hecho con tantas leyes en los últimos años. Tampoco su tratamiento puede demorarse con el argumento de que debe ser el nuevo Parlamento” discuta esta ley a partir del próximo 10 de diciembre. “El 10 de diciembre se transforma en la coartada de quienes no quieren debate y de quienes no quieren ley”, agregó.
El documento del CEN señala que “Es necesaria una herramienta legislativa que limite las concentraciones mediáticas que desde hace décadas vienen relativizando la libertad de prensa y de expresión que hoy muchos dicen defender. Esto no se logra sustituyendo un monopolio por otro como se plantea en el proyecto del oficialismo”.
En el encuentro que se realizó en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires, participaron Rubén Giustiniani (Presidente), Carlos Roberto (Secretario General), los diputados nacionales Silvia Augsburger, Laura Sesma, Roy Cortina, Miguel Barrios, Marí a Elena Martín, Mónica Fein y Ricardo Cuccovillo, el diputado m.c Héctor Polino, el Ministro de Gobierno de Santa Fé Antonio Bonfatti, el Presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe Eduardo Di Pollina, el senador provincial Juan Carlos Zabalza, entre otros dirigentes y funcionarios del resto del país.
